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Hogar de más de la mitad de los activistas de derechos humanos asesinados en 2020, el presidente del país impulsará las operaciones militares contra los grupos criminales responsables y enviará más jueces a áreas remotas.
El año pasado fue el más mortífero registrado para los activistas de derechos humanos en Colombia.
Según un informe reciente de la organización sin fines de lucro Frontline Defenders, de las 331 personas que promueven la justicia social, ambiental, racial y de género asesinadas en 2020, 177 eran colombianas, con decenas más golpeadas, detenidas y criminalizadas por su trabajo.
A principios de este mes, un análisis llevada a cabo por Human Rights Watch (HRW) criticó al gobierno colombiano por su falta de acción y por no brindar protección a los activistas.
Con América Latina el continente más peligroso del mundo, donde las tasas de criminalidad son más del triple del promedio mundial, el presidente Duque ha recibido innumerables demandas internacionales para que se haga más para detener la violencia contra los líderes sociales (como se les conoce localmente en Colombia).
Al abordar este desafío evidentemente apremiante en una reunión con el fiscal general de Colombia y otros funcionarios, Duque destacó la importancia de continuar 'fortaleciendo la lucha contra los criminales que han sido vinculados a estos crímenes atroces'.
Sin embargo, no ofreció un cronograma ni detalles alternativos sobre las operaciones militares ampliadas.
El activismo ha sido durante mucho tiempo una vocación peligrosa en Colombia. Desde los grupos paramilitares de derecha que asesinaron a sindicalistas, comunistas y lugareños entre la década de 1980 y principios de la de 2000, hasta la actualidad, donde, a pesar del acuerdo de paz de 2016 destinado a mejorar las condiciones en las zonas rurales controladas por bandas ilegales, los activistas siguen siendo objetivo de grupos armados.
Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atribuye esto a un 'círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad en Colombia'.
