Un grupo local de derechos humanos ha revelado que la policía de Colombia es responsable de 289 homicidios cometidos entre 2017 y 2019, por los cuales solo dos policías han sido condenados.
En septiembre del año pasado, comenzó a circular en las redes sociales un video de la policía en la capital colombiana, Bogotá, atacando y grabando al padre de dos Javier Ordóñez. Más tarde fue asesinado a golpes mientras estaba bajo custodia policial.
A lo largo de los meses siguientes, el evento desencadenó una ola de protestas contra la brutalidad policial en todo el país, lo que equivale a la matanza de 13 manifestantes a manos de las fuerzas del orden.
Según un informe reciente de un grupo local de derechos humanos TembloresActualmente, la Policía de Colombia es responsable de 289 homicidios ocurridos entre 2017 y 2019, por los que solo dos policías han sido condenados.
Las ONG Observatorio de violencia policial obtuvo la información de la Oficina del Médico Forense, que determina la causa de muerte de las personas y revela que la policía tiene la culpa del asombroso 45% de los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad de Colombia.
'La policía cometió un asesinato cada 3.8 días y casi dos asesinatos por semana', explica el informe, que concluye que los homicidios policiales son un hecho constante y que la aparente negligencia en la acción judicial deja muchas dudas sobre la legalidad del uso policial de fuerza letal.
'Es necesario preguntarse por qué se cometen tantos homicidios: ¿son el resultado de conductas maliciosas? ¿Son el resultado de un uso desproporcionado de la fuerza?
Sin embargo, a pesar del problema actual e innegablemente prevalente de la brutalidad policial, los disturbios en Colombia van mucho más allá y la indignación abundaba mucho antes de que el video del incidente de Ordóñez se volviera viral.
En la actualidad, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y se enfrenta a un abismo cada vez mayor entre su élite urbana de clase media y alta y las áreas rurales desatendidas, que carecen de servicios básicos como atención médica y agua potable. Recientemente, la mayoría de sus regiones apátridas han caído bajo el control de grupos armados, y los miles de desplazados que huyen de este conflicto ahora viven en los márgenes de la ciudad.
De hecho, además de ser el país más mortífero del planeta para los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, a fines de 2019 había 5,576,000 colombianos desplazados internos, una cifra solo superada por Siria.
Lo que impulsa la ira de los colombianos cotidianos son factores que van desde las consecuencias de un conflicto armado de décadas, una crisis económica inminente como resultado de la pandemia, un proceso de paz que parece estar cayendo a pedazos y un gobierno de extrema derecha que no ha logrado apaciguar la creciente frustración.
A la vanguardia de las manifestaciones públicas más grandes en décadas, celebradas a fines de 2019, estos importantes problemas han resurgido con más fuerza que vez durante los bloqueos impuestos para impedir la propagación de Covid-19. En 2021 se produce un despertar político entre la juventud colombiana, que se niega a ser silenciada un segundo más.
Al exigir una variedad de concesiones gubernamentales, los manifestantes luchan por una mayor financiación para la salud y la educación, ingresos garantizados para los desempleados debido al coronavirus y medidas para poner fin a la violencia de género.
Los líderes de la protesta, principalmente representantes indígenas, también están presionando para una reunión con el presidente Duque para discutir los asesinatos de activistas, cuyas muertes han sido atribuidas erróneamente a rebeldes de izquierda y bandas criminales.
'En 2017, hubo un proceso de reactivación de la juventud en Colombia gracias en parte a la expectativa generada por el acuerdo de paz', dice la activista Indira Parra de Ciudad en Movimiento, una organización que busca aprovechar la lucha generalizada por un medio ambiente limpio, viviendas asequibles y una vida urbana digna en Bogotá. "Paralelamente a esta movilización de jóvenes y nuevos liderazgos que emergen en muchas áreas, ha habido un asesinato sistemático de líderes sociales que se activaron a raíz del acuerdo de paz".
Parra habla del asesinato de 309 líderes sociales y 90 masacres políticamente violentas que ocurrieron solo en 2020, responsabilidad del gobierno que, independientemente de las críticas internacionales, fue rechazada por el presidente Duque y sus partidarios.