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El parlamento de Indonesia ha aprobado un nuevo y controvertido código penal que prohíbe tanto a los locales como a los extranjeros tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Los críticos ven la medida como un "desastre" para los derechos humanos y un posible golpe para el floreciente sector turístico del país.
Tras años de debates parlamentarios y acalorados debates públicos, Indonesia acaba de aprobar un nuevo y controvertido código penal que, según los críticos, es un revés dramático para las libertades en la tercera democracia más grande del mundo.
Según la legislación draconiana, los padres, hijos o cónyuges podrán denunciar a las parejas no casadas a la policía si sospechan que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Si los denunciados son declarados culpables, enfrentarán una pena de hasta doce meses de prisión.
"El objetivo es proteger la institución del matrimonio y los valores de Indonesia", dijo Alberto Aries, portavoz del Ministerio de Justicia de Indonesia, en el momento del anuncio.
'Mientras que al mismo tiempo puede proteger la privacidad de la comunidad y también negar los derechos del público u otros terceros para informar este asunto o 'jugar a ser juez' en nombre de la moralidad'.
La medida, que muchos consideran un guiño a la vigilancia moral, subraya el creciente conservadurismo de un país aclamado durante mucho tiempo por su tolerancia religiosa, con el secularismo consagrado en su constitución.
También existe el temor de que pueda usarse para atacar a miembros de la comunidad LGBTQ+, dado que ya se practican flagelaciones públicas en la región por una variedad de delitos, incluidos la homosexualidad y el adulterio.
Estaba previsto que se aprobara un borrador anterior en 2019, pero la votación se pospuso después de que miles de manifestantes, en su mayoría estudiantes, salio a las calles exigiendo al gobierno que lo retire.
"Lo que estamos presenciando es un golpe significativo al progreso logrado con tanto esfuerzo por Indonesia en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales después de la revolución de 1998", dice el director de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, quien cree que las ampliaciones de las leyes existentes tendrán un "efecto paralizador" en la libertad de expresión.
